Por Yasmel Corporán / Wanda Méndez
Santo Domingo, RD.- El juez Rigoberto Sena Ferreras, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra de Fausto Miguel Cruz de la Mota, quien mató de varios disparos al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, el pasado lunes.
La prisión preventiva será cumplida en la penitenciaría de Najayo – Hombres.
“El tribunal ha acogido en todas sus partes la solicitud
insertada por el Ministerio Público, imponiendo 12 meses de prisión
preventiva…tenemos fe de que se reunirán todos y cada uno de los elementos ya
que este es un hecho más que comprobado desde la medida de coerción”, expresó
la fiscal Mirna Ortiz, quien aseguró que las investigaciones continuarán a
cargo de la fiscalía del Distrito Nacional.
El Ministerio Público solicitó un
año de prisión preventiva, y detalló en el documento de solicitud de medida de
coerción que Cruz cometió el hecho por la negación de un permiso para la
exportación de unas 5,000 toneladas de baterías usadas.
Según establecieron los fiscales en la instancia de medida de
coerción, Cruz Mota acudió a las oficinas del dirigente del Partido
Revolucionario Moderno (PRM) con la intención de matarlo, debido a que no había
obtenido la aprobación de permisos medioambientales para la exportación
de baterías usadas.
Por el hecho también está bajo investigación la empresa
Aurum Gavia, S.A, dado a que el imputado tenía documentos en originales
con los que se solicitaban los permisos para las baterías usadas.
“Las evidencias muestran que el imputado había estado tratando
de que se le otorgaran múltiples permisos, pero se quejaba de forma airada de
que no le resolvían nada”, señala la instancia de medida de coerción.
Luego de cometer el crimen, el acusado se refugió en la
iglesia Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, donde fue entregado a las
autoridades por el cura José Arismendy de León.
La audiencia estaba pautada para ser realizada el pasado
jueves pero el magistrado decidió pautar nueva fecha para el conocimiento de la
solicitud de medida de coerción, a raíz de que la defensa del victimario
declaró necesitar más tiempo para conocer el expediente.
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